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ORDEN DE DESPACHO, GENERACIÓN Y EMISIONES: PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER LA REFORMA ELÉCTRICA (PRIMERA PARTE)

¿Quiénes generan y venden electricidad en México?

La CFE no es la única que genera y vende ‘luz’ en el país.

Además de la empresa pública, desde la década de 1990 y con la reforma eléctrica en 2013 se estableció que empresas privadas también podían generar, vender electricidad a la CFE e incluso autoabastecerse de energía, con sus propias plantas.

Lo anterior, mientras la CFE sigue teniendo el dominio de la red para  transmitir la electricidad, a lo largo del país.

Quizá te preguntes, ¿cómo, la CFE compra electricidad?

Sí. La compañía pública tiene distintas facetas, la de generación con sus plantas pero también la de Suministro, que debe comprar electricidad tanto a plantas privadas como a sus propias centrales, para luego hacerla llegar a los hogares.

Esas compras puede hacerlas en un mercado donde a diario se oferta electricidad, pero también con esquemas de mediano y largo plazo.

En México operan 159 plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

34 plantas de Productores Independientes de Energía (PIE o PEE).

Y a eso se suman las plantas de generadores privados.

Cuando se habla de privados, se trata de empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron un permiso para generar electricidad en México, y venderla en distintas modalidades, a la CFE para que la haga llegar a los hogares, o a industrias.

En el caso de los Productores Independientes de Energía o PIE, se trata también de plantas construidas y mantenidas por privados, aunque en su caso ganaron una licitación para generar cierta cantidad constante de electricidad y solo venderla a la CFE, durante 25 años y con un precio fijo.

Un esquema adicional, que ya mencionamos brevemente, es el del autoabasto, con el que se permite a cientos de grandes empresas obtener energía de sus propias plantas, o de las de socios, sin depender de las centrales de la CFE.

¿Qué es el despacho eléctrico?

Ya que conocimos quiénes generan a gran escala, hablemos de cómo se decide qué electricidad es la que se sube a la red de transmisión de CFE, en función de la demanda de los millones de usuarios en México.

Actualmente, un organismo llamado Cenace se encarga de medir cada día cuál es la luz con el costo de generación más barato que ofrecen los generadores disponibles, ya sea las plantas CFE, las PIE o los generadores privados.

Con las reglas vigentes, la luz de las plantas que oferten el precio más bajo por kilowatt hora es la que  se “despacha” o inyecta con prioridad a la red eléctrica, y que compra CFE para transmitirla.

Luego, para completar la ‘canasta’ de electricidad que se requiere en el país, se compra la de otras plantas, que ofrecen megawatts con un costo más elevado.

¿Por qué es importante el despacho?

Para todas las plantas que ya mencionamos, públicas, PIE y privados, es clave ser elegidas en ese despacho, porque entonces la propia CFE comprará su energía y no se desperdicia su inversión en su planta, para producir y ofertar en el mercado.

Para los consumidores finales, también es muy importante cómo se define ese despacho, porque si se elige energía más cara la CFE gasta más en comprarla, y esa alza se traduce en aumentar las tarifas o el subsidio, que es dinero del presupuesto público.

Además de adquirir energía por contrato fijo y en un mercado diario de oferta y demanda, en el sexenio anterior también se establecieron subastas de mediano y largo plazo, con las que la CFE compró de antemano a empresas privadas cierta cantidad de electricidad, para un periodo de hasta 20 años.

Ya con López Obrador se suspendieron estas subastas.

Entonces, otra vez, ¿qué es lo que quiere cambiar el gobierno?

Como ya mencionamos, en las condiciones actuales las centrales de empresas privadas y PIE son de las primeras en ser ‘despachadas’, porque sus plantas son más nuevas que las de la CFE, y en el caso de privados tienen más tecnología solar y eólica, que es más limpia y produce electricidad con menor costo.

El cambio que plantea López Obrador es fijar de antemano un orden de despacho donde siempre se inyecte primero a la red la electricidad de las plantas de CFE, sin importar que la energía que generan tiene un costo de producción más elevado.

Además, según explicó la secretaria de Energía Rocío Nahle en el programa de Tercer Grado de Televisa, con la reforma se pretenden cancelar contratos de largo plazo como los establecidos con las PIE, porque a su parecer representan un “esclavismo comercial por 20 años”.

Esto aunque, como veremos más adelante, en general estas plantas privadas producen para la CFE electricidad más barata que la de sus propias plantas.

¿Por qué es más cara la electricidad que producen plantas de CFE?

Especialistas nos mencionaron, entre otros puntos, que las plantas de CFE son en general más antiguas y por lo tanto tienen una producción menos eficiente; además, la Comisión tiene una proporción menor de tecnología eólica y fotovoltaica, respecto a los privados.

En este reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el desempeño de la CFE en 2019, se señaló que sus centrales “tienen una antigüedad mayor de 30 años, lo que podría incidir en que los costos de generación no sean competitivos respecto de los PEE (Productores Independientes), cuya antigüedad promedio es de 12.1 años”.

Funcionarios del gobierno, en distintos espacios, han insistido en el punto de que se despacha primero la energía de privados porque solo se toma en cuenta el costo variable de su producción, que incluye el combustible, y no el costo fijo, que incluye el financiamiento de las plantas, gastos de operación, salarios.

Sin embargo, los datos de la CRE muestran que incluso considerando el costo fijo, en general la energía que producen plantas de la CFE tiene un costo más alto por cada megawatt producido.

Sobre las PIE eólicas, la ASF encontró que tan solo entre 2014 y 2016 los contratos con estas plantas le generaron pérdidas a la CFE por 2,646 millones de pesos.

“Cuando la CFE los contrató, los costos promedio eran altos. En otras palabras, se trata de contratos firmados cuando la energía limpia era cara. Afortunadamente, este tipo de energía sólo representa el 0.3 % de la energía que adquiere CFE-SSB”, apuntó al respecto Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México Clima y Energía, en un artículo en Nexos.

En el caso de la electricidad que producen las 28 plantas privadas PIE con tecnología de ciclo combinado, su costo general promedio hasta septiembre de 2021 fue al menos 50% más bajo que el de plantas de CFE, que usan la misma tecnología.

El costo de generación de la electricidad, según reconoció el propio Director General de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vielmas, es el que más repercute en las tarifas finales que se cobran a usuarios y los subsidios que se aplican. 

“Los precios nacen de la generación, la mayor proporción de los costos de la tarifa están en la generación”, dijo a ADN 40.

Cómo repercute la reforma

A grandes rasgos, nos dijo la especialista Montserrat Ramiro, la reforma del presidente López Obrador implica “destruir” el mercado eléctrico o la competencia para ofertar la electricidad con costo de generación más bajo y eficiente.

Según la iniciativa, se despachará o tomará la electricidad de las distintas plantas considerando un “orden de mérito”, concepto que a decir de especialistas es ambiguo.

Además siempre con el mandato de que el 54% de la electricidad que se consuma en el país sea generado por plantas de CFE, cuando con el esquema eléctrico actual surten el 38%.

Los privados y PIE, según la reforma, solo podrían generar hasta el 46%, competir por ese “mercado” que según el gobierno es más grande que el que se tiene en toda la electricidad de un país como Argentina… pero siempre con la CFE tomando la última palabra sobre a quién se compra electricidad, y qué energía se sube primero a la red.

El Cenace sería reincorporado a la Comisión, tal como indica la reforma, por lo que dejaría de ser un ‘árbitro’ imparcial, para determinar el orden de despacho.

LEER ARTÍCULO COMPLETO EN:  Puntos clave para entender la reforma eléctrica (primera parte) (animalpolitico.com)

CFE DEBERÁ DUPLICAR SUBSIDIOS AL SUMINISTRO DE ENERGÍA SI SE APRUEBA REFORMA: EXPERTOS

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) requerirá casi el doble de subsidios para no aumentar las tarifas eléctricas de manera alarmante, o sea, por lo menos 66,000 millones de pesos para cubrir el suministro básico de energía a nivel nacional de aprobarse los cambios constitucionales en materia energética que comenzarán a discutirse en el Congreso, monto que será equivalente a aumentar en 12% su presupuesto tan sólo para el siguiente año, afirmó la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Valeria Moy. 

Lo anterior, detalló durante su participación en el seminario de Perspectivas Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), debido a que se elevarán los subsidios necesarios para mantener las tarifas domésticas de alto consumo, cuyo egreso para este año asciende a 73,000 millones de pesos. 

Y es que además, al ser legalmente dispuesto como único suministrador, comercializador, transportista y distribuidor de la energía en el país, y con la obligación de comprar hasta el 46% de la energía a privados y generar el resto sin importar los costos, la estatal se verá obligada también a apoyar a los usuarios de tarifas comerciales, de alto consumo doméstico y hasta industriales, por el riesgo que implica para las finanzas públicas el aumento desmesurado de la energía, con lo que año con año subirá el subsidio para la empresa del Estado. 

“¿Cuánto? Lo iremos viendo conforme vaya avanzando. Pero no sólo el subsidio elevaría la presión de las finanzas públicas, sino que, para que la CFE pudiera darse abasto con la demanda que incrementará, tendrá que invertir en nuevas plantas mediante inversiones que no tiene contempladas”, dijo la experta. 

En el mismo foro, el vicepresidente de estrategia y nuevas iniciativas de Wilson Center, Duncan Wood, aseguró que la incertidumbre entre inversionistas aumenta conforme se acercan los días para la discusión y posible aprobación de la iniciativa presidencial que modifica los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ya que con la absorción de los reguladores sectoriales, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para que formen parte de la Secretaría de Energía como reguladores desconcentrados dentro del Ejecutivo, sin autonomía presupuestaria o de gestión, siembra dudas sobre la gobernanza y la confianza en las instituciones del país. 

“El gobierno mexicano no está interesado en las energías renovables ni en su inversión” dijo Duncan Wood, “la iniciativa demuestra que la ruta es distinta y los inversionistas lo perciben en los mercados con preocupación”. 

Cabe recordar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de diputados estableció el 15 de enero pasado que se llevarán a cabo 19 foros con cinco temas de parlamento abierto previo a la discusión y votación de la reforma constitucional energética de la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. Posteriormente, iniciará la discusión en comisiones para elaborar la propuesta de reforma que se votará en el Pleno de ambas cámaras en este periodo legislativo. 

Fuente: CFE deberá duplicar subsidios al suministro de energía si se aprueba reforma: expertos | El Economista

ANTE LA REFORMA ENERGÉTICA, HAY QUE DEFENDER A LA CRE

En los párrafos que siguen intentaré ofrecer un alegato a favor de la permanencia y el necesario fortalecimiento de la CRE como órgano del Estado mexicano llamado a limitar a los poderes económicos en el sector energético, que detentan tanto las empresas del propio Estado como las del sector privado. Salgo en defensa de la CRE como institución, no de alguna de sus integraciones en particular a lo largo de su historia, mucho menos de la actual, digna de reproches por actuaciones arbitrarias que serían materia de otro artículo. Escribo sobre la CRE porque ese órgano ha sido el objeto de mis intereses profesionales y académicos desde hace tres lustros, aunque por supuesto muchos de los planteamientos aquí expuestos son aplicables también a la CNH. Sería muy interesante leer lo que aportaran al respecto agudos colegas como el propio Sergio Pimentel y Ramón Antonio Massieu.

Han pasado ya varias semanas desde que el presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas a la Constitución en materia de energía. Desde entonces se ha escrito y hablado sobre sus motivos explícitos y velados, así como sobre las implicaciones que muchos de sus contenidos tendrían sobre la seguridad jurídica para las inversiones, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, el ritmo de nuestra transición energética, la satisfacción de la demanda de energía en el mediano y largo plazos, la salud de las finanzas públicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la arena internacional.

La mayoría de los estudiosos e interesados en el tema han dedicado sus esfuerzos analíticos y de comunicación a revisar y abordar los aspectos materiales de la iniciativa, es decir, las conductas que serían objeto del ordenamiento jurídico. Así, de cara al inicio de las jornadas de parlamento abierto, ciudadanía y legisladores dispuestos a sostener un debate racional, basado ante todo en la verdad, pueden acceder a un abanico relativamente amplio de insumos sobre propuestas como las siguientes:

Establecer el área estratégica de la electricidad, incluyendo nuevamente a toda la generación eléctrica y su abastecimiento –anacronismo para ‘venta’– como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano; ‘Cancelar’ los permisos que se hubieran otorgado para realizar esas actividades, y

Asegurar que la Comisión Federal Electricidad (CFE) genere al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país.

También, recientemente, se ha empezado a difundir más la idea no otorgar concesiones para la explotación del litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, lo cual exige una reflexión serena alejada del romanticismo nacionalista. Sin embargo, salvo algunas brillantes contribuciones – el artículo de José Ramón Cossío Díaz y José Ramón Cossío Barragán, el de Sergio Pimentel, y el comunicado de México Evalúa sobre los graves e innecesarios daños que podría causar una nueva reforma energética– se ha discutido poco sobre los aspectos orgánicos de la iniciativa presidencial, que incluyen convertir a la CFE en un organismo del Estado con autonomía constitucional, al parecer fuera de la esfera del Poder Ejecutivo; integrarla vertical y horizontalmente salvo las excepciones convenientes; devolver a su seno al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), encargado del control y operación del Sistema Eléctrico Nacional, y por último, pero muy importante, la supresión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En los párrafos que siguen intentaré ofrecer un alegato a favor de la permanencia y el necesario fortalecimiento de la CRE como órgano del Estado mexicano llamado a limitar a los poderes económicos en el sector energético, que detentan tanto las empresas del propio Estado como las del sector privado. Salgo en defensa de la CRE como institución, no de alguna de sus integraciones en particular a lo largo de su historia, mucho menos de la actual, digna de reproches por actuaciones arbitrarias que serían materia de otro artículo. Escribo sobre la CRE porque ese órgano ha sido el objeto de mis intereses profesionales y académicos desde hace tres lustros, aunque por supuesto muchos de los planteamientos aquí expuestos son aplicables también a la CNH. Sería muy interesante leer lo que aportaran al respecto agudos colegas como el propio Sergio Pimentel y Ramón Antonio Massieu.

El desmantelamiento del Estado regulador

El presidente López Obrador propuso al órgano reformador de la Constitución borrar el párrafo octavo de su artículo 28, precepto dedicado a consagrar la libre competencia económica. Hoy ese párrafo establece que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados CNH y CRE. En el artículo transitorio tercero del decreto de reformas, la iniciativa reitera que “se suprimen” la CNH y la CRE, y que su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía (SENER), “en lo que corresponda”. Así, esas cuantas palabras liquidarían 27 años de vida y desarrollo institucional de la CRE y 13 de la CNH.

Lamentablemente, en la exposición de motivos de la iniciativa no abundan las razones por las que se propone la supresión de los órganos reguladores de la energía. Al titular del Ejecutivo federal le pareció suficiente sostener que la creación de los órganos reguladores coordinados tuvo como objetivo sustraer decisiones fundamentales al Estado para encomendarlas a organismos “no responsables políticamente”. Si con esto se refiere al sucesivo aislamiento institucional de la CRE de los vientos de la política electoral y de los poderes que pudieran capturarla, en efecto, ésa fue la intención desde su creación en 1994 como un órgano desconcentrado de integración colegiada, con una ley propia y facultades de autoridad desde 1996, hasta convertirse en la dependencia de la administración pública federal concebida en la reforma de 2013-14 como un órgano fuera de la órbita y al mismo nivel que la SENER, pero coordinado por ésta.

Esta evolución institucional de la CRE es expresión de la gradual construcción del modelo de Estado regulador en México –que desde luego no es exclusiva del sector energético–, conforme al concepto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido delineando en múltiples asuntos, pero definido de manera a mi juicio inmejorable en la controversia constitucional 117/2014:

“(…) el modelo de diseño estatal creado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), que deposita en ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional”. 1

El modelo de Estado regulador es la mejor herencia del periodo (neo)liberal, pues parte de las premisas de que los mercados abiertos presentan fallas que deben corregirse por el Estado para garantizar el interés público, y que en su adecuado funcionamiento se juega la eficacia de muchos derechos fundamentales.

Según el texto presentado a los diputados, tener a la CRE a cargo de funciones primordiales del sistema eléctrico “vulnera la responsabilidad del Estado”, pero no se explica por qué. Es evidente que la CRE es un órgano del Estado, técnicamente especializado y con un grado de autonomía de los sujetos regulados y de la política, pero de ninguna manera irresponsable políticamente. Basta ver cómo la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética recogió las mejores prácticas internacionales de transparencia y rendición de cuentas en el diseño de este tipo de agencias, fruto de experiencias vividas en los países desarrollados al menos en los 30 años anteriores, pero incluso desde la época del New Deal en los Estados Unidos.

Aquí es pertinente apuntar que la izquierda democrática, que comparte con el liberalismo el ideal de la limitación del poder, sabe que la buena regulación se consigue mediante “órganos administrativamente autónomos, laboralmente estables, técnicamente sólidos, presupuestalmente robustos y políticamente empoderados”, como apuntó Fluvio Ruiz Alarcón en un seminario virtual organizado el pasado noviembre por la Barra Mexicana de Abogados. Se trata de que los reguladores estén comprometidos con el interés público, y no que promuevan los intereses particulares de ninguna empresa en particular, aunque se trate de empresas del Estado.

Por otro lado, en algunos materiales de difusión el Gobierno ha expuesto que la desaparición de los reguladores busca garantizar una planeación adecuada y eliminar el exceso de burocracia. Sobre lo primero, el oficialismo ha sostenido que fueron otorgados demasiados permisos de generación, la mayoría para energías renovables “intermitentes”, sin considerar la demanda futura del país. Esta noción parte de una indebida confusión entre planeación y regulación, entre el planteamiento de objetivos de política pública y el diseño de herramientas normativas para su consecución. Es indisputable que debe preservarse la confiabilidad de la red eléctrica ante nuevas interconexiones, pero también que generar energía eléctrica es una actividad constitucionalmente libre, sujeta a permisos que el Estado debe otorgar a quienes demuestren la capacidad jurídica, técnica y financiera para realizarla.

A su vez, el objetivo de eliminar el exceso de burocracia remite más bien a lo peor del discurso (neo)liberal, a la obsesión por el adelgazamiento de las capacidades del Estado para que los poderosos campeen a sus anchas. Eso, en todo caso, ya lo ha hecho este Gobierno, suicida por austero: en los últimos años la CRE ha sufrido recortes de muchísimas plazas, lo que ha entorpecido el ejercicio de sus atribuciones. Peor aún, ha perdido ya a sus mejores talentos, la mayoría de ellos formados ahí mismo durante décadas de entrega al servicio público.

Pero volvamos a la expresión “en lo que corresponda” que sugiere el transitorio tercero. ¿Qué de lo que hoy corresponde hacer a la CRE le competería a la SENER? En realidad nada, al menos en el ámbito eléctrico, precisamente porque la iniciativa plantea convertir a la CFE en el organismo del Estado responsable de toda el área estratégica de la electricidad, lo que incluye las actividades de la cadena de valor del sector, pero también de su planeación –hoy a cargo de la SENER–, del control del sistema eléctrico y el despacho de la generación –hoy funciones del CENACE–, así como de la determinación de las tarifas de las redes de transmisión y distribución y las que pagan los usuarios finales –hoy determinadas por la CRE–. Además, ya no habría permisos de generación o suministro qué otorgar, ni inscripciones en los registros de comercializadores o de usuarios calificados. En definitiva, al desaparecer el mercado, saldría sobrando la autoridad encargada de su vigilancia.

Eso sí, la SENER se convertiría en una especie de Secretaría de Hidrocarburos, seguramente con Pemex como organismo sectorizado, encargada de continuar poniendo obstáculos a la competencia efectiva en los mercados relevantes. Y es que la CRE no es sólo el regulador eléctrico mexicano, sino también el regulador de las actividades logísticas y de los mercados del gas natural, los petrolíferos y los petroquímicos. La CRE otorga los permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de estos productos. En el caso de las infraestructuras de red, la CRE aprueba los términos y condiciones generales para la prestación de los servicios, incluidas por supuesto las tarifas máximas que las empresas pueden cobrar, a fin de hacer realidad el principio clave para evitar el abuso de los monopolios naturales: el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Sin órgano colegiado que se interponga con su deliberación colectiva, las instrucciones del Ejecutivo se traducirían en órdenes directas que bajarían por la cadena de mando de la administración pública hasta algún director general que, por ejemplo, firme una resolución por la que se revoque el permiso de una terminal de gas natural licuado, o aquélla por la que se fijen las tarifas de un ducto de transporte o un sistema de distribución. Me imagino formas de ejercer la rectoría del desarrollo nacional incluso previas a 1982, cuando ese concepto se introdujo en la Constitución.

Los usuarios: los perjudicados últimos

Los órganos reguladores detallan las reglas del juego económico utilizando el conocimiento técnico, vigilan la aplicación de esas reglas, sancionan su incumplimiento y fungen como árbitros con pretensión de imparcialidad. En mercados abiertos donde hay jugadores dominantes, monopolios naturales, asimetrías de información y externalidades negativas, resulta indispensable la existencia de un órgano del Estado que brinde certidumbre a todas las inversiones, tanto públicas como privadas, que en el sector energético son de dimensiones monumentales y siempre de largo plazo. Pero, sobre todo, un órgano que proteja a los usuarios, que son a fin de cuentas a quienes debe servir la competencia económica efectiva.

Sobre este último punto, y con independencia de la discusión sobre la iniciativa presidencial, hace unas semanas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer una excelente nota con recomendaciones para el fortalecimiento de la CRE, tales como homologar los mecanismos de designación de sus comisionados con los de los otros reguladores económicos; quitarle ataduras presupuestales, y dotarla de un servicio civil de carrera.

Todas son muy buenas propuestas, aunque yo estoy plenamente convencido de que la vía para el robustecimiento definitivo de la CRE consiste en sacarla de la esfera del Ejecutivo federal, tal como se hizo en 2013 con sus órganos primos hermanos: la Comisión de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Así lo propuse en un ensayo publicado ese año por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC, hoy México Evalúa). Así lo planteaban los senadores de Acción Nacional en su propia iniciativa de reforma energética, pero no insistieron en el punto frente al gobierno y al PRI. Se creyeron eternos y ése fue el principal error de la última reforma energética. Si la CRE contara desde entonces con autonomía constitucional, hubiera navegado con mucha mayor gallardía por las turbulentas aguas de la llamada 4T, incluso podría haber presentado controversias ante la Suprema Corte de Justicia para resguardar su ámbito competencial. Evitemos ahora nuevos errores constitucionales y salgamos en defensa de la CRE.

Fuente: Ante la reforma energética, hay que defender a la CRE – Animal Político (animalpolitico.com)

PESQUERÍA, LA PRIMER PLANTA DE IBERDROLA QUE PERDERÁ

A LA PAR del inicio de la discusión de la contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, la CFE se está moviendo en diversos frentes para afianzarse como el principal productor y suministrador.

Las huestes de Manuel Bartlett buscarán comprar activos a las empresas privadas que en el pasado invirtieron en capacidad e infraestructura, al tiempo que no renovará contratos privados que vencerán.

El primero a la vista es el de la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, de Iberdrola. Son cuatro unidades de generación, dos de las cuales venden todo a la CFE y las otras a socios bajo un esquema de autoabastecimiento.

Los privados construyeron en realidad una línea de subtransmisión, o línea particular, de la planta para suministrar energía eléctrica a 17 clientes privados de gran consumo. Para la CFE eso es un esquema engañoso.

Ese permiso de generación y el contrato vencen el próximo 31 de enero y la firma hispana que preside José Ignacio Sánchez Galán ya no podría seguir proveyendo el servicio a terceros privados, mismos que en todo caso tendrían que contratarlo con la CFE.

Pero para poder acceder al fluido y satisfacer sus requerimientos de demanda, esas 17 compañías privadas deberán efectuar obras eléctricas importantes para asegurar la interconexión a la red de transmisión y/o distribución de la empresa productiva del Estado.

Actualmente Iberdrola, que dirige aquí Enrique Alba, tiene en proceso un recurso ante la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, de prórroga para que se le amplíe el plazo de la vigencia de ese contrato y puedan continuar el suministro del servicio.

En paralelo, la CFE está mandatando a Nacional Financiera, al Banco Nacional de Comercio Exterior y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a participar como agentes financieros en compras de plantas, desde ciclos combinados hasta de energías renovables.

Los esquemas financieros se están diseñando en la Secretaría de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O.

Fuente: Pesquería, la primer planta de Iberdrola que perderá – El Financiero

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